Para Barcesat, el sistema carcelario "es espantoso"

El sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, desde hace muchos años se encuentra en una situación crítica. La emergencia carcelaria y el nivel de superpoblación y las cada vez más graves condiciones de hacinamiento motivaron, a fines del año pasado, la intervención de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ordenó al Tribunal de Casación Penal la creación de un espacio institucional para el abordaje de la problemática. Estos días, el tema se apoderó de la agenda tras la polémica que generó la decisión de la Justicia de otorgar prisión domiciliaria a aquellos presos con enfermedades de base que hayan cometido delitos leves, a raíz de la pandemia por coronavirus. En diálogo con este medio, el abogado constitucionalista, Dr. Eduardo Barcesat, explicó que la decisión de la Justicia debe aplicarse mediante la resolución que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al expresar que “todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas humanamente, y a que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad física, psicológica y moral”, pero siempre evaluando que la excarcelación no implique un “riesgo” para la víctima. El abogado agregó que “hay detenidos que ya cumplieron casi toda la condena,  que no cometieron delitos de sangre, y que merecerían una prisión domiciliaria”, pero aclaró que “los jueces debe encargarse de analizar cada expediente en particular”. En ese sentido, el letrado sostuvo que “el sistema carcelario espantoso, así como también las condiciones en la que viven los internos y el personal de seguridad”. Uno de los motivos por los cuales Barcesat reconoce que existe una superpoblación carcelaria, es la “gran cantidad de personas sin condena, en situación de procesados que, como carecen de defensa, nadie se preocupa por sus casos”. Fue contundente al decir que “la traba la ponen en los jueces de Primera Instancia, poniendo como pretexto la pandemia, y atrasan enormemente la excarcelación de quienes ameritan tener ese beneficio”. Y agregó “hay una afectación extrema de los DDHH”. Barcesat pidió que “aceleren los trámites para que se descomprima la superpoblación carcelaria que, a raíz de la pandemia, trajo problemas no sólo de salud sino también de amotinamiento”. También se refirió a los casos más peligrosos que son “los de violencia de género”: explicó que, en caso de otorgarse, “tienen que ser con tobillera electrónica”. Aun así sostuvo que “no es aconsejable la excarcelación en estos casos”. El abogado cree que “los gobiernos deben proveer las tobilleras electrónicas y el Estado debe hacer un control de todas las prisiones domiciliarias que se dispongan”. Por otro lado, resaltó que se deben “aplicar los dispositivos normativos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”, ya que “es la manera menos peligrosa de resolverlo. Las personas tienen derecho a la vida y tiene derecho a una condena con un plazo determinado, que habilitara después la salida transitoria y, finamente, la libertad condicional”. Y agregó: “Los jueces deben examinar cada expediente en particular”. “Hay que resolver el tema con urgencia, porque u obtenemos un genocidio ante la pandemia tanto para internos como para el personal, o seguimos generando condiciones de violencia que también implican muertes, y no son deseables”, sostuvo. “Tenemos que aprender a respetar que la persona goza de derechos, dentro de las condiciones por los delitos cometidos”, aclaró. Por último, se refirió a las declaraciones del Ministro Berni, que manifestó que “si fuera por él, no libera a ningún preso”. El letrado sostuvo no estar de acuerdo: “lo conozco y lo aprecio a Berni, pero cuando se centra en el terreno jurídico no es precisamente la mejor fuente”.