El Colo Santilli quiere bajar a 15 años la edad de imputabilidad en delitos violentos

El proyecto presentado en la Cámara de Diputados contempla bajar la edad de imputabilidad en delitos violentos de 16 a 15 años.

NACIONALES 10/11/2022

El diputado nacional Diego Santilli presentó hoy un proyecto de ley para un “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, basado en la "noción de justicia restaurativa y el respeto por los derechos humanos de los adolescentes", que contempla bajar la edad de imputabilidad en delitos violentos de 16 a 15 años.

Basado en una estadística oficial de la Corte Suprema de la Nación, indicó que el 30% de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas son cometidos por menores de 16 años, Santilli presentó un proyecto de ley que ahonda en los métodos de abordaje restaurativo a cargo de equipos interdisciplinarios, donde tiene mayor relevancia el daño sufrido por la víctima y la comunidad que la violación a la ley.

La finalidad del proyecto, que cuenta con el acompañamiento de los diputados Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias, está puesta en "revertir, en lo posible, los efectos del delito en la sociedad". Para ello, se prevé que los adolescentes "se hagan responsables de los actos que realizan y que reparen los daños causados".  
 
La idea es que en lugar de que la única consecuencia sea la cárcel, el proyecto propone que los adolescentes deban realizar todas las medidas posibles para reparar el daño producido por el delito. Asimismo, las víctimas y la comunidad que sufrieron daños tendrán derecho a participar en todo el proceso, con márgenes amplios de acción y participación, pudiendo proponer modos de reparación.

En la normativa la posición de Santilli plantea que el castigo y la reparación son parte integral de un sistema de responsabilidad penal juvenil y que, por ello, en caso de que las medidas de reparación sean incumplidas o fracasen por culpa de la persona que delinquió, las autoridades judiciales puedan disponer las penas privativas de libertad, las cuales van hasta los 10 años de prisión, con excepción de los casos de homicidio y abuso sexual agravado, en los cuales el máximo de la pena sube a 15 años, en razón de la gravedad de los delitos.

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El proyecto de ley prevé que los juicios contra adolescentes sean realizados en el plazo máximo de dos años y, en caso de que el plazo transcurra sin que el proceso llegue a su finalización, constituirá una falta grave para las autoridades judiciales intervinientes. "De esta manera, se evita la posibilidad de que las autoridades judiciales 'cajoneen' expedientes, estableciendo responsabilidades claras" indicaron fuentes del entorno del legislador.

Asimismo, en caso que la iniciativa sea aprobada, buscarán evitar la saturación del sistema penal mediante la creación de un fuero especializado de justicia penal juvenil, que "descomprimirá el trabajo de los tribunales penales y permitirá llegar más rápido a la finalización de los juicios" añadieron.

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Además, el diputado nacional propuso la desjudicialización de los procesos penales, lo que permitirá al Estado contar, como primera respuesta al delito, con diferentes medidas socioeducativas, que deberán llevarse a cabo de acuerdo al Abordaje Restaurativo, entendido como un proceso en el que todas las partes implicadas en un conflicto (ofensor, víctima y comunidad) resuelven colectivamente cómo manejar las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro.

La normativa prevé el abordaje restaurativo de trabajo desde la interdisciplina, a fin de que las decisiones no se tomen en forma aislada, dispersa y fraccionada, sino mediante acuerdos y espacios de escucha entre diferentes perspectivas teóricas, en sintonía con lo que han establecido en los últimos años diferentes convenciones y normas internacionales en materia de derechos de adolescentes.

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“El presente proyecto se inserta en una idea republicana y democrática del derecho penal, pero que tiene en cuenta las desigualdades existentes entre las personas y, por ende, que la respuesta punitiva por sí misma no es posible sin entender esas desigualdades”, indicó Santilli sobre el proyecto y agregó: “La idea de justicia restaurativa, entendida como ‘una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad’, es la que guía el núcleo del sistema penal juvenil propuesto”.

Y finalizó: “Siguiendo esta noción, el proyecto instaura un sistema que prioriza la realización de medidas restaurativas, por fuera del sistema judicial penal, estableciendo la excepcionalidad de las penas privativas de la libertad, y solo cuando el resto de las medidas hayan fracasado”.

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