Junto a transportistas escolares, movilizaron a la sede de 35 entre 7 y 8 para visibilizar la situación. Actualmente, los 245.944 afiliados se encuentran sin acceso a la cobertura, lo que los expone a interrumpir su tratamiento con consecuencias directas e irreversibles en la salud y la vida de los mismos. 

Los trabajadores del programa Incluir Salud (ex-Profe), que brinda cobertura médica a titulares de pensiones asistenciales, graciables y pensiones por discapacidad, movilizaron a la sede que se encuentra en la ciudad de La Plata.

Denuncian que la institución se encuentra acéfala debido a la renuncia de las autoridades correspondientes. La misma se debe al desfinanciamiento por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, órgano del cual depende el programa, que responde a la Vicepresidencia de la Nación y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud que tiene como responsable a Pablo Atchabahian.

“En estos últimos meses la situación se ha vuelto insostenible, motivo por el cual las autoridades de la Unidad de Gestión Provincial se han visto forzadas a tomar esta decisión ante la falta de respuestas de los responsables nacionales y provinciales”, sostienen en un comunicado.

Actualmente el Programa cuenta con 245.944 afiliados, los cuales se encuentran sin acceso a la cobertura, lo que los expone a interrumpir su tratamiento con consecuencias directas e irreversibles en la salud y la vida de los mismos, vulnerando sus derechos como ciudadanos.

Es importante resaltar que la última cápita que ingresó desde Incluir Nación fue el 27/09/2019 correspondiente a “cápita y extra cápita del mes de Mayo”. Ante esto la falta de pago a los prestadores hace que, no sólo no coticen, sino que no entreguen los pedidos ya cotizados, suspendiendo cirugías, la entrega de medicación oncológica, los tratamientos de diálisis, radioterapia, etc., incrementando las demandas judiciales y dejando una situación de incertidumbre.

Este viernes movilizaron hacia la sede platense para denunciar el abandono al Estado provincial y se encontraron con una oficina rodeada de policías.

Al reclamo, se sumarom transportistas escolares nucleados en la Cámara de Transporte Especializado, quienes vienen reclamando una actualización de contratos.

Por otro lado, informan que las 360 familias que integran el Programa Incluir Salud, son trabajadores precarizados (con contratos de locación de obra), que no tienen garantizada la fuente laboral para el año entrante, y tampoco tienen garantías de seguir percibiendo sus haberes mensuales correspondientes.

Por todo lo expuesto, exigen a las autoridades provinciales y nacionales, una respuesta inmediata que permita la regularización y el funcionamiento habitual del Programa.