Otros dos empleados de la Dirección General de Cultura y Educación fueron detenidos por estafa millonaria

La organización delictiva que estafó al gobierno provincial en varios millones de pesos, a partir del desvío de fondos destinados a la carga de combustibles para autos oficiales, tiene dos nuevos detenidos tras varios allanamientos realizados por la Policía de la provincia de Buenos Aires en City Bell, Punta Lara, Berisso y La Plata.

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El fiscal Juan Cruz Condomí ordenó varios allanamientos en La Plata, Berisso y Ensenada.

El procedimiento fue coordinado por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado dependiente del ministerio de Seguridad bonaerense, por disposición del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

Secuestraron autos, cuatriciclos, motos, motos acuáticas, un yate, armas, dinero y dos tarjetas Copres. Los aprehendidos, de 47 y 57 años, trabajaban en la Dirección General de Cultura y Educación: la estafa habría comenzado en 2014 y el desvío de fondo sería de entre 250.000 pesos y 1 millón por semana.

Además, los funcionarios judiciales y policiales contaron con la permanente colaboración de las máximas autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación, lo que facilitó el desmantelamiento de la organización desde su cúpula.

Una fuente precisó que los detenidos son Gustavo Chiamberro y Diego Burgos, jefes del Departamento Combustible y Atutomotores de la cartera educativa y que en la causa hay otros dos funcionarios con pedidos de eximición de prisión. Se trata de Néstor Osvaldo Casado, principal sindicado en la investigación, ubicado en lo alto de una organización delictiva encargado de la distribución y acopiamiento de dinero producto de la malversación del patrimonio público. Y de Horacio Gabriel Mankowski, segundo al mando en la organización delictiva, ubicado en lo alto de una organización delictiva encargado de la distribución y acopiamiento de dinero producto de la malversación del patrimonio público.

En los operativos, la policía incautó importantes elementos para la causa: un yate, un motor home, cuatriciclos, motos de agua, motos de alta cilindrada y automóviles, entre ellos varios de alta gama, y un arma.

La causa se inició en abril pasado cuando policías detuvieron a un hombre (playero de una estación de servicio) cuando circulaba por la ruta 36 y calle 44. En su poder se decomisó dinero en efectivo (50.000 pesos) y 15 tarjetas de débito pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE).

Luego de esa captura, el encargado de la estación Axion ubicada en 44 y 31 -donde también trabajaba el detenido horas antes- se suicidó en el baño de ese comercio. Ante la sospecha que desde allí se realizaban maniobras fraudulentas, se inició una investigación.

De esa manera se comprobó que funcionarios y empleados de la administración pública provincial –pertenecientes a la DGCyE- desviaban periódicamente fondos públicos a partir de falsas compras de combustibles para vehículos oficiales.

Incluso se pudo saber que varias de las tarjetas correspondían a autos que no estaban en funcionamiento, ya que habían sido dados de baja y se encontraban guardados en galpones.

Para los pesquisas, esas operaciones no podrían ser realizadas sin el aval de los responsables del área, ya que se debían presentar comprobantes y rendir gastos.

Ante eso, la investigación recayó, entre otras personas, sobre el Director de Servicios Generales, el Sub Director de Transporte Terrestre, el Jefe de Movilidad y el coordinador del área de Combustibles, todos ellos funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación.

Es decir, las personas implicadas, desde los cargos que ocupaban, eran las encargadas de administrar, entregar y controlar el normal funcionamiento de las tarjetas desde donde se desviaban los fondos.

Para la justicia, esos hechos fueron practicados aproximadamente desde 2014, en forma organizada y planeada, con distribución de roles.

Cabe destacar que la Dirección de Escuelas bonaerense intervino la Dirección de servicios generales y la subdirección de transporte terrestre, separó de sus cargos a los funcionarios involucrados e inició sumarios administrativos correspondientes.

Asimismo se estima que los montos provenientes del erario provincial para dichas tarjetas ascendían en forma semanal desde 250.000 a 1.000.000 de pesos.

Es tanta la cantidad de dinero en esta estafa al gobierno provincial que el fiscal del caso solicitó se embarguen los bienes de los investigados, hasta tanto se compruebe el monto total sustraído.

La causa interviene en la UFI N° 16, a cargo del Dr. Juan Cruz Condomí Alcorta; y el Juzgador de Garantías N° 5, de la Dra. Marcela Garmendia; perteneciente al Departamento Judicial La Plata.

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