Macri envió al Congreso la "Ley mentira" que pena el falso testimonio

El proyecto que crea la figura de perjurio ingresó a la Cámara de Diputados. Busca penalizar a toda persona que falsee la verdad en una declaración indagatoria.

La iniciativa, presentada formalmente el martes pasado por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, ingresó en la Cámara de Diputados y fue girada a las comisiones de Legislación Penal y Asuntos Constitucionales para ser debatida, aunque aún no se definió cuándo arrancará la discusión.

  • El proyecto propone la tipificación, en el artículo 275 del Código Penal, "de las conductas de abogados, testigos, intérpretes y peritos que aportan antecedentes falsos que obstaculizan el esclarecimiento de un hecho o la determinación de sus responsables, impidiendo con ello llegar a la verdad real, que es el cometido principal de la función judicial".
  • Castiga a cualquiera que le mienta a un juez, incluso si es el acusado (hoy solo se castiga al testigo).

A través de la iniciativa, y para el caso en que el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, "se propone aumentar el mínimo de la pena de un (1) año de prisión a dos (2) años y mantener la pena máxima prevista actualmente de diez (10) años".

Elimina la referencia al cohecho, dándole autonomía a esta figura legal, reemplazándola por la siguiente frase: "a cambio de dinero o cualquier otra dádiva, ventaja patrimonial, o su promesa", agravándose la escala penal de prisión y de multa en un tercio del mínimo y del máximo.

Además, modifica la pena y la redacción prevista en la norma vigente en relación al sobornante, que establece la pena del simple testigo falso, y sugiere mantener la misma escala penal prevista para el acusado de falso testimonio.

La iniciativa fue cuestionada desde ámbitos jurídicos y hasta por el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien dijo que "nunca se me ocurrió pensar que pudieran presentar una ley así porque es claramente inconstitucional".

"La obligación de comprobar la culpabilidad de alguien es del Estado. Son remedios absurdos", sostuvo Fernández.

En esa linea se expresó también el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien consideró que el Gobierno viola la Constitución porque la garantía "abarca la potestad de no declarar como así también la facultad de declarar sin tener que asumir la culpabilidad bajo ninguna forma de coacción estatal o privada".

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