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Hoy se cumple un año de la detención de Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión tras ser encontrado culpable por “cohecho pasivo” y “negociaciones incompatibles con la función pública”, en el marco de la denominada causa Ciccone.

El ex vicepresidente se encuentra cumpliendo condena en la Unidad N° 21 de Ezeiza. En diálogo con Crónica TV, Boudou dijo que “usan la Justicia para la persecución política” y agregó: “tienden a hacer una opresión contra las personas que pelean por los derechos del pueblo”.

Hace menos de una semana, el tribunal que lo condenó rechazó revisar su propia sentencia, después de que se conociera que Alejandro Vandenbroele, cuya confesión resultó fundamental para la sentencia, había percibido un millón y medio de pesos del gobierno de Mauricio Macri para instalar un hotel boutique en Mendoza, como presunta contraprestación por su “colaboración” con el esclarecimiento de la causa.

Por ese motivo, la fiscal federal Paloma Ochoa requirió hoy que se investigue si hubo irregularidades detrás de la declaración como arrepentido.

La fiscal presentó el requerimiento ante el juzgado federal 11, ahora a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, aunque sostuvo que a su criterio corresponde que el hecho sea investigado por el juez Ariel Lijo, en cuyo juzgado tramita la causa en la cual Vandenbroele se acogió al régimen del arrepentido.

Ante esta confesión, Boudou consideró que “el gobierno de Macri le pagaba a testigos para que digan lo que ellos quisieran”.

La fiscalía consideró que los hechos relatados -el supuesto pago al imputado colaborador para direccionar su declaración- habrían tenido lugar con motivo de las medidas de protección especiales otorgadas a Vandenbroele luego de que este se acogiera al régimen de arrepentido por lo que se torna “imperativo declarar la conexidad”, según las fuentes judiciales.

El juez Lijo fue quien se hizo eco de la publicación periodística que dio cuenta del supuesto pago que recibió Vandenbroele tras su declaración como arrepentido y, tras incorporarlo al expediente del caso conocido como Ciccone II que tramita en su juzgado, envió el tema a sorteo para que se investigue.

Para la fiscal Ochoa, para poder llevar adelante la investigación corresponde acceder al legajo de Vandenbroele algo que, de acuerdo al artículo 9 bis de la ley de protección de testigos -introducido por decreto de necesidad y urgencia en noviembre del año pasado-, solo podrán hacer quienes intervengan en las causas judiciales en las que se dispuso la protección.

Ante la consulta de el posible indulto de los presos políticos, Boudou dijo que “jamás le pediría a un presidente que indulte a alguien, pero hay que suspender esta causa y poder hacer juicios justos, donde se cumplan la legalidad de las cosas”, y agregó: “ese es el único camino para conocer la realidad”.

El ex vicepresidente sostuvo: “la Justicia hace como si nada hubiera pasado. Lamentablemente, en la Argentina no hay Justicia”.