La fiscal platense había allanado las oficinas de ese organismo en octubre pasado tras la denuncia de un ex comisario contra Berra, que está siendo investigado por la Justicia.

Guillermo Berra, el responsable de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), denunció ante el fiscal general Héctor Vogliolo a la titular de la UFI 15 de La Plata, Cecilia Corfield, por el presunto delito de “acción pública”, que sanciona “al que impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones”.

Las oficinas de AGAI en el Centro de La Plata fueron allanadas en octubre por orden del juez Guillermo Atencio, a instancias de la fiscal Corfield y en virtud de una denuncia que hizo contra Berra un ex comisario general desplazado por enriquecimiento ilícito e investigado por lavado de activos.

El denunciante es el ex comisario general Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa que quedó en la mira después de que en su declaración jurada expuso que tenía 7 propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos, con un sueldo mensual de 48.000. A Berra lo acusó de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Según publicó el diario El Día, en su planteo ante Vogliolo Berra argumentó que su “actividad de investigación patrimonial” está “avalada y respaldada por normativa provincial”, por lo que le endilga a la fiscal una “conducta ilícita” al tomar “la iniciativa por el mero pedido de un denunciante (investigado por AGAI)” sin haber solicitado previamente esa información mediante “oficio y/o cualquier otra comunicación fehaciente”. En este punto enumera lo que, a su criterio, son “abusos de los actos de su función (de fiscal)”.

“Hacer un allanamiento a un organismo de control” requiere “cuanto menos alguna prueba o grado de certeza que permita sospechar que el personal que allí reviste está cometiendo un ilícito”, advirtió, “no solo por el peligro de que esa herramienta sea luego utilizada por los 30.000 efectivos policiales que han sido investigados en Auditoría, sino por la filtración de información confidencial que se encuentra en el organismo, toda vez que las investigaciones sumariales de Asuntos Internos son secretas hasta el acto de imputación”.

Martín denunció que los auditores de Asuntos Internos cometieron irregularidades en el análisis de las declaraciones juradas; involucró a Berra y a la Auditora Sumarial, María Rosario Sardiña y planteó que se habría organizado un mecanismo para hacer “tareas de inteligencia sin autorización judicial”, incluso “sobre familiares que nada tienen que ver con la función pública”. Del otro lado, Berra denunció que en el allanamiento copiaron “todo el contenido” de su computadora, la de Sardiña y las de “todos los instructores de patrimonial”, además de llevarse “dos sobres con papeles sin especificar”.

Según el funcionario, la AGAI “ya refutó lo denunciado, pero ello pareciera no importar, porque los denunciantes ahora alegan otros hechos de los que la fiscal se hace eco sin ningún tipo de cotejo”.