Fue tras la publicación de un medio local donde afirmaba que miembros de la Comisión Provincial por la Memoria habían solicitado una “liberación masiva de detenidos” por la sobrepoblación en cárceles de la Provincia . Desde el Ministerio de Justicia y DDHH lo desmintieron y la CPM tildó la nota de “maliciosa y tendenciosa”.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado para desmentir los supuestos dichos que fueron “vertidos por miembros de la Comisión Provincial por la Memoria” y que hacían referencia a la liberación masiva de detenidos en las unidades penitenciarias bonaerenses.

Esto fue a raíz de una nota publicada en un medio local donde, en declaraciones radiales, miembros de la Comisión Provincial por la Memoria habrían solicitado la liberación de entre 10.000 y 15.000 personas privadas de su libertad.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hizo un pedido a la prensa para desestimar supuestos dichos de la CPM en relación a una “liberación masiva” y explicó que “la mesa interinstitucional de diálogo nunca analizó medidas de excarcelación anticipadas a las penas establecidas por el Poder Judicial”. Fuentes del organismo desconocen quien fundó esas declaraciones.

Esa mesa de diálogo se realizó esta semana y fue impulsada por la cartera dirigida por Julio Alak, para trabajar sobre la grave crisis humanitaria en cárceles bonaerenses, en particular la sobrepoblación y hacinamiento y la práctica sistemática de la tortura.

Por su parte, desde el organismo de Derechos Humanos emitieron un comunicado explicando que “de ninguna manera la CPM afirma tal cosa. No habla en representación de la mesa. Tampoco la mesa tiene esa potestad. La libertad de las personas detenidas es una facultad del juez a cargo de cada una de ellas”.

Y aclara que “la cifra citada es una estimación de la cantidad de personas que estarían en condiciones de acceder a medidas morigeratorias, alternativas a la prisión o excarcelaciones. Es un cálculo que surge luego del Informe del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires publicado en el mes de noviembre de 2019 que aporta elementos para este análisis”.

Lo que sí manifestaron es el reclamo ante las pésimas condiciones de vida en las cárceles, agravadas por políticas de encierro expansivas y un accionar judicial que niega el acceso a derechos de los detenidos que legalmente están en condiciones de hacerlo.

Todas las partes que participaron de la mesa de diálogo, coinciden en la gravedad de esta situación humanitaria y en impulsar medidas para aliviar la situación de sobrepoblación y hacinamiento en los lugares de encierro de la provincia.

En ese contexto y a 19 días hábiles de la gestión, se normalizó la provisión de alimentos, de medicamentos y se puedo crear la mesa ejecutiva con la función de aliviar la crisis penitenciaria, que tiene una superpoblación del 110% y que llevó a una huelga de hambre por parte de las personas en situación de encierro.

El próximo 5 de febrero una representación de la mesa comenzará a visitar unidades penitenciarias para ver la realidad edilicia y escuchar y atender a los internos y familiares de detenidos.

COMUNICADO COMPLETO DE LA CPM 

La información reproducida por los medios de comunicación afirmando que la CPM ha dicho que la Mesa Interinstitucional de Diálogo está contemplando la liberación de entre 10.000 y 15.000 personas privadas de su libertad es absolutamente falsa y fue tomada de manera maliciosa y tendenciosa de un extenso reportaje radial a un funcionario de nuestro organismo.

De ninguna manera la CPM afirma tal cosa. No habla en representación de la mesa. Tampoco la mesa tiene esa potestad. La libertad de las personas detenidas es una facultad del juez a cargo de cada una de ellas.

La cifra citada es una estimación de la cantidad de personas que estarían en condiciones de acceder a medidas morigeratorias, alternativas a la prisión o excarcelaciones. Es un cálculo que surge luego del Informe del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires publicado en el mes de noviembre de 2019 que aporta elementos para este análisis. Ese informe tuvo una vasta repercusión pública incluso en los mismos medios que hoy publican esta información.

Tales publicaciones buscan deslegitimar la Mesa Interinstitucional de Diálogo, que ha sido un paso de máxima importancia para avanzar en la resolución de la crisis humanitaria que se vive en los lugares de encierro de la provincia y que generan no sólo graves violaciones a los derechos humanos y niegan las garantías constitucionales a las personas detenidas, sino que contribuyen a generar mayores niveles de violencia.

Convocamos a una vez más al periodismo a informar de manera certera y aportar al debate con seriedad dejando de lado las operaciones políticas. El acceso a información de calidad es un derecho de la ciudadanía y un resguardo de la democracia.