A una semana del derrumbe en la obra de la nueva terminal del Aeropuerto de Ezeiza donde un trabajador murió aplastado, el presidente sacó un Decreto de Necesidad y Urgencia donde modificó el mecanismo de actualización de los salarios utilizado para establecer la base de cálculo de las reparaciones que reciben los trabajadores accidentados. Qué establece y a quiénes beneficia.

La medida del ejecutivo dice que “desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado”.

Con el objetivo de proteger el negocio financiero de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), la normativa deja de lado la tasa de interés activa del Banco Nación para reemplazarla por la variación del índice RIPTE que sigue la evolución de los salarios.

El dato saliente es que el impacto del DNU 669/2019 será retroactivo y, por lo tanto, perjudicará al cálculo de la indemnización de todos los reclamos abiertos.

En diálogo con Classique, la abogada María Teresita Hiriart sostuvo que este decreto es “un nuevo ataque al pueblo trabajador y en beneficio de las corporaciones como los bancos y aseguradores del riesgo del trabajo”.

Según explicó la abogada, “la diferencia es que en un contexto de alta espiral inflacionaria, la tasa activa también es alta. Mientras que en una época como la actual, con salarios a la baja, trae una reducción promedio en un 50 % menos en indemnizaciones laborales”.

Por lo cual, “los trabajadores son los que terminan subsidiando la tasa de interés a las aseguradoras de riesgo, quienes luego invierten su capital en Letras de Liquidez del Banco Central (Leliq) y terminan siendo las beneficiadas”.

Hiriart dijo que “en este afán de lucro especulativo, las aseguradoras trabajan con el dinero de las indemnizaciones, por lo tanto las familias van a esperar eternamente el pago de las mismas”.

Contundente, sostuvo que este decreto viene atado a “un negocio”, que es financiado por el trabajador accidentado. “Lo más grave es que esta impulsado como política de Gobierno”, concluyó.

¿Necesidad y Urgencia?

Tan sólo siete días pasaron de la tragedia que se cobró la vida de José Bulacio, un capataz de 50 años oriundo de Florencio Varela que se encontraba trabajando, como todos los días, en el complejo de la nueva terminal del aérea del Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando un andamio de 16 metros cayó sobre él.

La Justicia todavía investiga qué provocó el derrumbe, aunque de acuerdo con la información oficial y el relato de los 30 testigos se produjo debido a que una grúa “tijera” enganchó el andamio y lo hizo caer.

Según los testimonios de los testigos y de sindicalistas de la UOCRA, la obra estaba siendo “apurada” para poder inaugurarla antes de las elecciones de octubre. “Acá las tuercas están ajustadas con la mano. No te dan tiempo a hacer nada rebuscado porque te apuran para que termines antes de las elecciones. Este chico no murió en el baile, ni yéndose de joda. Murió trabajando, a las corridas, como lo hacemos todos. Lo lamento mucho por su familia”, denunció uno de los obreros.

En ese marco, el Gobierno no tuvo mejor idea que decretar la baja en las indemnizaciones laborales. ¿Necesidad y Urgencia? Si, para las aseguradoras.

Este martes, el abogado Daniel Igolnikov presentó un amparo ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo pidiendo una medida de no innovar. Argumenta que el DNU pretende sustituir al poder legislativo y por tanto es inconstitucional.

Previamente el índice que se tomaba en cuenta para actualizar la indemnización del cobro era el de la tasa activa anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, un índice mayor.

El nuevo cálculo, además, tendrá una vigencia retroactiva ya que en el artículo 3 establece que “se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante”.

En una entrevista para Infobae, el abogado Jorge Rizzo expresó que el DNU es inconstitucional y tildó a los funcionarios de “analfabetas jurídicos”. También fue contundente al afirmar que “el Gobierno cree que si a un trabajador se le cae un ladrillo en la cabeza la culpa la tenemos los abogados porque hacemos el juicio, y no, en primer lugar, la tiene el empleador porque no le dio el casco, y en segundo la Superintendencia porque no revisó que no le daban el casco”.

La justificación oficial

“Que los incrementos desmedidos de las potenciales indemnizaciones como consecuencia de la aplicación de la tasa activa prevista en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, tanto en los siniestros en instancia administrativa como en los pasivos judiciales, en relación con los rendimientos financieros de los activos con los que las Aseguradoras respaldan esos compromisos, son perjudiciales para la necesaria solvencia del sistema”, reza el documento.