La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se hizo eco de la resolución promovida por el Ministerio de Seguridad que crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores, y rechazó la iniciativa que estará a cargo de la Gendarmería Nacional.

Desde el organismo de derechos humanos dirigido por el Premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel, señalaron que “la medida busca poner en manos de las fuerzas de seguridad las políticas de niñez y adolescencia sin intervención de los organismos de promoción y protección de sus derechos”.

Además, explicaron a través de un comunicado que “la Gendarmería Nacional, que en sus funciones policiales viola sistemáticamente los derechos humanos y ha sido elegida por esta gestión para la represión de la protesta y los conflictos sociales, no puede ser garante de los valores de la democracia”.

Y agregaron: “Por todo esto, la CPM rechaza esta nueva resolución demagógica e irresponsable que sólo busca fortalecer el control social por medio de las agencias punitivas del Estado y alimentar un sentido común autoritario que persiste en nuestra sociedad”.

Se trata de desacuerdo con la resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad nacional, el cual crea políticas de promoción y protección de jóvenes. “La iniciativa es irresponsable, demagógica y pretende conmover cierto sentido común autoritario que orienta las políticas de seguridad: más control y presencia de fuerzas militarizadas como garantes de valores democráticos”, explicaron desde la entidad.

De acuerdo con lo establecido por la norma aprobada, el Servicio Cívico Voluntario está dirigido a jóvenes de entre 16 y 20 años con el objetivo de “brindar capacitación en valores democráticos y republicanos”.

La CPM sostuvo que, asimismo, que “con esta iniciativa, el Ministerio de Seguridad se arroga una competencia que no le corresponde y define una política para la niñez y adolescencia sin consultar los organismos creados por el Estado con este fin”.

“No se educa para la democracia delegando en fuerzas militarizadas la formación de los jóvenes sino en la profunda transformación de estas fuerzas de seguridad que son autoritarias, violentas y desprofesionalizadas”, enfatizaron.

Por su parte desde la casa ubicada en Calle 9 N° 984 l 1900, consideraron que “lamentablemente, el Estado no garantiza el funcionamiento de los dispositivos de atención y contención previstos tanto por la ley nacional 26.061, como por su par provincial 13.298, vaciando de recursos materiales, humanos y económicos el sistema de promoción y protección”.

“Frente a esto, fortalece una impronta represiva y un discurso punitivista que justifican la intervención de las fuerzas de seguridad como única política pública para la niñez. Esta iniciativa no soluciona ninguno de los problemas que pretende resolver”, aseguraron.

En tanto, opinaron que “las políticas de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes en manos del Ministerio de Seguridad y la Gendarmería son un claro retroceso para nuestra democracia”. “Pensar a las fuerzas militarizadas como garantes del orden y los valores es retroceder 40 años y volver a los momentos más oscuros de nuestra historia”, concluyeron.

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