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Se suspendió la indagatoria al ex presidente en la causa por espionaje ilegal 

El juez Bava, a cargo de la causa que tiene como principal sospechoso a Mauricio Macri, le solicitó al presidente Fernández que releve al acusado del deber de confidencialidad

Según fuentes oficiales, el juez federal de Dolores, Martín Bava, le solicitó al presidente, Alberto Fernández, que en el caso “de ser necesario“, releve a su antecesor en el cargo, Mauricio Macri, del “deber de confidencialidad” para que pueda declarar en calidad de imputado en la causa en la que se investigan las supuestas maniobras de espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan.

El magistrado mediante un oficio se dirigió al presidente Fernández “a fin de requerirle que, de ser necesario, releve al imputado del deber de confidencialidad obrante en la ley 25.520“, y señaló que a partir de un planteo de la defensa de Macri que fuera acompañado por el fiscal Juan Pablo Curi en el marco de la suspendida audiencia indagatoria.

“Se hace saber que esta cuestión se vincula al requerimiento oportunamente cursado a la Agencia Federal de Inteligencia, para que informe si, en tenor del cargo que le cupo al imputado, correspondía relevarlo del deber ya mencionado“, apuntó el juez federal interino de Dolores.

De acuerdo al Magistrado, el día 6 de octubre, la Sra interventora de la AFI declaró que: “la Agencia Federal de Inteligencia -y por lo tanto su dirección- se encuentra supeditada tanto jerárquica como funcionalmente al Presidente de la Nación y a las políticas que fije por imperio legal“.

Asimismo, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, destacó que “la normativa vigente coloca en cabeza del Presidente de la Nación la facultad de decidir sobre la autorización de acceso a la información clasificada y solo será el Presidente quien pueda delegar expresamente esa facultad en el funcionario que entienda“.

El expresidente Mauricio Macri se presentó este jueves a declaración indagatoria en la que se lo acusa de haber impulsado el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017, aunque el trámite se suspendió porque Macrei no está relevado de su deber de guardar secreto de Estado sobre temas de inteligencia.

Macri ingresó al establecimiento alrededor de las 12 al juzgado federal junto a su abogado Pablo Lanusse y se retiró casi una hora después sin declarar, debido a que cuando iba a comenzar el trámite se informó que, por su condición de exmandatario, está obligado a guardar secreto de Estado.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) comunicó al juzgado no estar en condiciones de relevar de la obligación ya que el pedido debe hacerse ante el presidente de la Nación Alberto Fernández, por lo que la defensa solicitó la suspensión de la audiencia y el juez hizo lugar.

La nueva fecha se fijará una vez que se cumpla con este requisito para que Macri pueda hablar o responder preguntas vinculadas a cuestiones de inteligencia.

A horas de la indagatoria, el tribunal de apelaciones rechazó la recusación con la cual la defensa de Macri pretendía correr de la causa al juez que el 1 de octubre dispuso que se lo convocara a dar explicaciones del caso que lo tiene como principal acusado de realizar el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan.

De acuerdo con la investigación judicial, habría tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de Gobierno“.

Se lo acusa de ordenar, entre diciembre de 2017 y finales del 2018, “la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos“.

“Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan“, dice la imputación del juez Bava y que fue expuesta en el llamado a indagatoria.

Los documentos que dieron origen a la denuncia contra Macri no fueron elaborados por la Casa Militar ni encontrados en sus oficinas, sino que estaban en poder de la base Mar del Plata de la AFI, algo que está prohibido por la propia Ley de Inteligencia.

Las acciones ilegales “buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes“, se detalla en la imputación.

En las declaraciones previas a su indagatoria el expresidente Macri trató de desvincularse del supuesto espionaje, cuestionó al juez Bava y afirmó que su citación a indagatoria tiene que ver con que el magistrado desconoce cómo trabaja la Casa Militar y señaló fue que el juez Bava es “manifiestamente incompetente” porque, entre otras cosas, “el ARA San Juan no se hundió en Dolores”, ni él trabajó en Dolores y “los servicios de inteligencia nacionales no trabajan en Dolores“.

“Yo no espié a nadie, ni mandé a espiar a nadie. Ni en esta causa ni en ninguna otra“, sostuvo Macri cuando el primer fiscal que intervino en la causa, Daniel Adler, impulsó la investigación tras la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

A pesar de que Macri aseguró que la convocatoria fue intempestiva y que él no estaba en el expediente, la interventora de la AFI lo ubicó como el “responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional“.

Macri sostuvo que acusarlo por supuestas maniobras de espionaje ilegal “es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del Presidente, que a cada lugar que va tiene que naturalmente saber con quién se va a reunir“.

“Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron“, explicó el juez en la imputación de Macri.

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