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La vicepresidenta fue sobreseída en la causa del memorándum con Irán

Es la segunda causa en la que se libra de culpa a Cristina Fernández de Kirchner: La primera fue la investigación por la venta de dólar futuro en su Gobierno, en el TOF 1, en la que también la sobreseyó sin hacer el juicio por inexistencia de delito

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída, en un fallo unánime del tribunal que preparaba el juicio oral,  por inexistencia de delito junto a los otros acusados en la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA.

Los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini sobreseyeron a la ex presidenta de la Nación y titular del Senado; al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; al senador Oscar Parrilli; al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, entre otros, según un fallo de 387 carillas.

Los magistrados del Tribunal Oral Federal 8 extendieron la resolución al fallecido ex canciller Héctor Timerman al determinar que “los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito“ y asentaron que “el presente proceso no afecta el buen nombre y honor” de quienes se vieron involucrados.

El Tribunal finalizaron la causa por inexistencia de delito en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum, aunque la decisión, en el caso de ser apelada por la fiscalía o las querellas de DAIA y Familiares de Víctimas del atentado, podrá ser revisada en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, en el listado de sobreseídos  figura el actual embajador en Rusia Eduardo Zuain,  la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona,  los dirigentes sociales Luis D’Elía, Fernando Esteche,  Jorge Khalil y el exagente Héctor Bogado.

“El Memorándum de Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito“, definieron los jueces en una sentencia firmada después de escuchar a todas las partes en audiencia pública durante más de un mes.

Los jueces percibieron que los integrantes de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos estuvieron “afectados” en su imparcialidad e “independencia” por sus visitas al expresidente Mauricio Macri antes de reabrir el caso en 2016.

A pesar de ello, establecieron que los motivos del cierre del caso apuntaron a los planteos “de fondo” vinculados a inexistencia de delito. Asimismo, el Tribunal concluyó que las alertas rojas de captura internacional de ciudadanos iraníes por el atentado del 18 de julio de 1994 en la sede de la AMIA “siempre estuvieron vigentes y aún continúan estándolo“.

Nisman, al presentar su denuncia en 2015, manifestó que el objetivo de la firma del Memorándum fue hacer caer estos pedidos de captura internacional. “El Memorándum de Entendimiento no logró cumplir sus requisitos de validez antes de convertirse en tratado internacional vinculante para las partes, por lo que no ha existido acto jurídico como tal desde el punto de vista del derecho internacional“, agregaron los jueces del TOF.

“No hay ningún elemento directo que de manera contundente nos haga pensar que tal temperamento fue más allá de una decisión política para convertirse en un acto de encubrimiento”, resaltaron y  añadieron que “para la eliminación de leyes inconvenientes, las apelaciones no deben dirigirse a los tribunales sino al voto y al proceso democrático de gobierno“.

“Desde que el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán no entró en vigencia y desde que nunca existió entre la República Argentina y la República Islámica de Irán un estado de guerra, es posible deducir que ninguna de las conductas aquí enrostradas son susceptibles de encuadrarse en las figuras de traición“, concluyó el Tribunal sobre el delito de “traición a la Patria“.

El Tribunal hizo lugar a la excepción de falta de acción que habían planteado las defensas de Larroque, Parrilli y Mena y en la sentencia, se levantaron todos los embargos y medidas cautelares que había ordenado el difunto juez del caso, Claudio Bonadio.

Además, se dejó sentado que la causa “no afecta el buen nombre y honor” de los acusados y “por expreso pedido de sus defensas y aún cuando la acción penal se halle extinguida contra él, debe incluir al fallecido Héctor Marcos Timerman”.

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