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La Defensoría inició juicio contra Edelap

La causa se tramita en el juzgado Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, a cargo de Francisco José Terrier.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, inició un juicio por daños y perjuicios contra Edelap por el apagón que comenzó el 22 de junio en la zona norte de La Plata. A su vez, reclamó que se establezca un monto mínimo diario de resarcimiento de 8 mil pesos para los usuarios particulares y de 25 mil pesos para los comerciantes que estuvieron afectados.

Al respecto, indicó que “todos los usuarios alcanzados por el corte de suministro de energía eléctrica sufrieron alteraciones en su vida cotidiana, con todo lo que ello conlleva, como problemas a la salud, la seguridad, el trabajo, etc. Edelap es la responsable de los daños y molestias causados por no brindar el suministro al cual está obligada”.

En la demanda, que se tramita en el en el juzgado Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, a cargo de Francisco José Terrier, la Defensoría consideró que la empresa no solo no tiene derecho a cobrar, sino que debe responder en la medida de los perjuicios que la interrupción del servicio ocasionó, por lo que debe resarcir a los usuarios por los daños causados.

En ese sentido, en función de unos 50 mil usuarios afectados y con pérdidas de aproximadamente de 961.250 mil pesos, la Defensoría sostuvo que Edelap debe resarcir a los particulares con un mínimo diario de 8.000 pesos, cifra que surge de calcular las cuatro comidas diarias, movilidad, alojamiento y pérdida de alimentos, entre otros.

En tanto, para los comercios calculó 25 mil pesos mínimos por día al tener en cuenta los gastos por alquiler de generador eléctrico, combustible, pérdida de mercadería en caso de que sea perecedera, los días improductivos del personal de venta, lucro cesante y seguridad, entre otros.

“Los servicios públicos no deben ser interrumpidos, algo que Edelap no cumplió. Es por eso que accionamos a favor de los usuarios, que además son los más necesitados de protección porque esta prestación está dada por empresas privadas que tienen un monopolio legal, lo que convierte a la población en clientes cautivos, dejándola sin libertad de decisión y elección, con la única opción de aceptar el servicio que le es impuesto o quedarse sin él”, puntualizó Lorenzino.

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